El fraude electoral comprende diversas prácticas ilícitas que tienen como fin alterar los resultados de alguna elección en pro de beneficios particulares. Este fenómeno tiene múltiples formas que van desde la alteración de resultados electorales hasta la financiación ilícita de campañas. En un país democrático y representativo, como Colombia, en el que existe el derecho al voto como consigna de diversas luchas históricas -en lo que se refiere a nuestros derechos políticos- permite pensar que quien ostenta un cargo de elección popular ha llegado allí legítimamente y de manera transparente. Las elecciones son un mecanismo fundamental de la democracia, por lo cual es necesario observar aquellas condiciones que limitan su buen funcionamiento.
Analizar las diferentes causas que reproducen o sistematizan fenómenos de corrupción electoral implica abordar la problemática desde una perspectiva multinivel, desde las motivaciones personales que llevan a una persona a ejercer estas prácticas hasta las condiciones estructurales del entorno que perpetúan dichos fenómenos. De esta forma, el “triángulo del fraude”, planteado por el criminólogo Donald Cressey (1961), es un modelo que profundiza el análisis de la toma de decisiones en el momento justo de la elección, en el que influyen tres factores fundamentales para el votante y para quien perpetúa el fraude: la oportunidad, la presión y la racionalización, los cuales forman parte del escenario ante el cual se enfrenta la persona al momento de actuar. La oportunidad, se presenta cuando la persona percibe un entorno favorable en el que existen fallos o vacíos en el sistema electoral, lo cual puede ser usado para obtener un beneficio; la presión, se convierte en la motivación que impulsa a la persona a actuar de manera fraudulenta; y la racionalización, es cuando la persona ve que puede obtener un beneficio e intenta justificarlo desde su posición (“solamente estoy recibiendo dinero por votar” o “lo tomo porque me lo merezco”), en un intento por convencerse a sí mismo de que tiene razones válidas.
Sin embargo, es posible notar que la persona que decide cometer fraude no siempre lo hace para obtener un beneficio, en algunos casos las personas pueden estar condicionadas o forzadas, directa o indirectamente, a cometerlo. Por eso, se debe tener en cuenta que dentro del análisis del fraude electoral juega un rol muy importante la situación personal, las necesidades insatisfechas o el escenario en que se encuentran cada uno de los actores implicados en esta problemática.
Como en muchos países latinoamericanos, en Colombia se recurre al fraude electoral con el fin de tener acceso al poder estatal, controlarlo o mantenerlo. De esas intenciones se derivan condiciones sistémicas -ajenas al individuo-, tales como: la presencia diferenciada del Estado, la competencia partidista, las fallas en el sistema normativo y la estructura social, las cuales acentúan prácticas electorales corruptas. A causa de lo anterior, se han forjado muchos “políticos de negocios” en el país, que son aquellos cuyos intereses están más inclinados hacia lo económico, que hacia lo político. Asimismo, el fraude electoral y los grupos interesados en perpetuarlo hacen presencia en diferentes zonas geográficas cuyas condiciones institucionales y socioeconómicas son deficientes. Estas últimas son variables que influyen en el sistema electoral (dentro del cual se relacionan partidos políticos, medios de comunicación, organismos de monitoreo, entre otros), así como en los derechos y la capacidad de la sociedad en general de participar y evaluar de manera consciente e informada.
Si bien, la vulnerabilidad socioeconómica no influye de manera directa en la persistencia del riesgo electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) encontró que en aquellos municipios en los que la participación electoral es baja, la población mantiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) tales como Guajira, Magdalena, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Guaviare y Arauca en lo que se presenta un mayor riesgo electoral. Precisamente, la manipulación del voto es una característica recurrente en poblaciones con precarios niveles de escolaridad. En ese sentido, los factores socioeconómicos son determinantes para garantizar elecciones transparentes, pues aquellas poblaciones en condiciones socioeconómicas precarias presentan una mayor vulnerabilidad para materializar su derecho fundamental a la participación política, ya sea por el propio desconocimiento o por la manipulación coaccionada del voto.
Como resultado de las dimensiones sistémicas mencionadas previamente, se perpetúan factores reproductores de desconfianza institucional, vulnerabilidad, proliferación de noticias falsas, abstencionismo, entre otros, que limitan la consolidación de un sistema electoral transparente y eficiente.
A partir de esto, es importante tener en cuenta algunas tipologías de fraude electoral en Colombia:
- Trashumancia: esta práctica fraudulenta consiste en una acción en la cual los políticos y las organizaciones locales movilizan electores de una entidad territorial a otra, mediante la compra masiva de votos para lograr apoyo el día de las elecciones al candidato señalado. Los líderes comunitarios operan como pequeños empresarios electorales que compran votos o logran electores como respaldo a sus acciones de intermediación y liderazgo en sus barrios o zonas de influencia, y luego los endosan o transfieren a un candidato a cambio de dinero, bienes o favores especiales para él o sus familiares. En el caso de la trashumancia, ellos obtienen una parte significativa del total de dinero que invierten los políticos en esta estrategia, la cual oscila entre 20 y 30% del total de la operación. Primero preparan la movilización de electores, por lo que reciben una parte del pago, después los llevan a votar y les hacen el pago de la otra mitad. Según el artículo 389 del Código Penal la sanción va de la privación de la libertad de 4 a 9 años.
- Alteración de resultados electorales: es el delito por el cual se modifican los resultados de las votaciones. Se introduce un tarjetón o se usa documentación de forma indebida. Ejemplo de ello es cuando una persona, siendo jurado de votación, reemplaza un tarjetón con resultados distintos a los que se encontraban en el tarjetón original. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, las penalidades van desde 4 a 8 años de prisión, salvo que la conducta constituya un delito mayor, y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018).
- Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas: Se evidencia cuando un gerente de campaña permite la entrada de sumas de dinero y bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales. Por ejemplo: los dineros que provienen del narcotráfico y que se destinan para financiar una campaña presidencial. Las sanciones por este delito, según Registraduría Nacional del Estado Civil (2018), radica en privación de la libertad que va de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
- Corrupción al sufragante: Esto ocurre cuando empresas criminales negocian con los candidatos o con líderes políticos locales sobre el valor del voto y la cantidad de sufragantes a los que se comprometen. Estas empresas funcionan desde la inscripción de cédulas para zonificar a los votantes y así controlar los votos depositados, hasta la creación de casas o grupos de pedagogía en donde se prepara a los ciudadanos para votar por el candidato específico. En el día electoral cada líder controla la zona de votación y entrega la contraprestación por el voto (Duque, 2019). El artículo 390 del Código Penal señala “el que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un votante con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
- Voto fraudulento: se presenta cuando se suplanta a un ciudadano habilitado para votar, se vota más de una vez o se vota sin tener derecho. Para las elecciones de Congreso de 2018, la MOE (2018) encontró que testigos electorales y autoridades electorales marcaban los votos en las tarjetas electorales, sin ser estos últimos adultos mayores o tener discapacidad física aparente y en algunas ocasiones marcaron el material electoral sobrante. Según el Código penal (art. 391), este delito tiene una pena de 4 a 8 años y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ahora bien, para controlar y mitigar estas prácticas de fraude electoral es relevante mencionar el rol que la ciudadanía y las instituciones tienen a la hora de vigilar uno de los ejercicios más representativos de la democracia. En Colombia existen organismos de control encargados de vigilar el proceso electoral. Estos organismos se dividen en estatales y de la sociedad civil. Entre las instituciones de carácter estatal se encuentran la Registraduría, la Procuraduría, el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral (CNE); cuyas responsabilidades son: garantizar la transparencia de las elecciones, evitar las potenciales irregularidades, designación aleatoria de jurados, evitar el proselitismo político (empeño en convencer a una persona para que apoye una causa o doctrina) por parte de funcionarios públicos, determinar si partidos o candidatos se encuentran inhabilitados para su postulación, identificar anomalías en la financiación de campañas, entre otras.
Dentro de los organismos de la sociedad civil que apoyan el seguimiento y control ciudadano se encuentra la Misión de Observación Electoral (MOE) que tiene como objeto promover el derecho que tiene la ciudadanía de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, además de la investigación técnica que permite prevenir, denunciar y tomar medidas frente a futuras irregularidades. Adicionalmente, existen fundaciones o centros de investigación independientes que realizan informes de evaluación y denuncia sobre fraude electoral, que permiten a las instituciones competentes tomar decisiones entorno a futuros comicios. Finalmente, se encuentran las veedurías ciudadanas electorales mediante las cuales la sociedad civil puede vigilar a las autoridades encargadas del proceso electoral, tanto en la esfera administrativa como en la legislativa, política y judicial.
El establecimiento de las veedurías está sustentado en el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, mediante el cual se permite que un grupo de mínimo tres personas y máximo 6, se registre por medio de un acta ante el CNE con el fin de vigilar, verificar y/o denunciar posibles irregularidades en el proceso electoral. Sumado a esto, se pretende promover la pedagogía electoral que adelanta el CNE tanto en la etapa pre como post electoral. Existe un alto grado de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las instituciones debido a las constantes falencias institucionales que permiten la materialización del fraude, delitos electorales e irregularidades en el proceso de las elecciones. Por tal razón, es importante para la ciudadanía hacer uso activo de los mecanismos que le permiten mitigar las anomalías en los procesos de elección popular.
La corrupción electoral en todas sus modalidades ha logrado perpetrar un círculo vicioso en la esfera pública. Como ciudadanos debemos concientizarnos sobre la importancia de garantizar elecciones transparentes, porque quienes elegimos cada 4 años a nivel nacional, local y departamental determinan un sin número de aspectos de nuestra vida diaria y bienestar social. En Colombia hemos normalizado e insertado en nuestros patrones culturales las diferentes formas de corrupción que enunciamos a lo largo de todo el artículo, que se reproducen y sistematizan por condiciones tan estructurales como la pobreza y vulnerabilidad de varias regiones, así como por la ambición y la codicia individualista de recibir un soborno a cambio de un voto.
